miércoles, 21 de agosto de 2024

La larga sombra de la nada

 

Verano de 2024. Creo que será un momento para recordar en los años venideros. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) terminó, por fin, su proceso de mutación y ha alcanzado triunfalmente su más codiciada meta: la nada.

Esta organización política dejó de ser socialista tras su derrota en la Guerra Civil española, puesto que era, no difícil, sino imposible presentarse ante las naciones democráticas con los mismos ropajes revolucionarios que mantuvo en los años treinta, cuando quería convertir a España en una república soviética, tal como proclamaban sonoramente líderes del PSOE como Largo Caballero, el Lenin español. Ese abandono del socialismo revolucionario se consumó definitivamente con Felipe González, quien dotó al partido de una nueva imagen democrática, en la línea de la mantenida por otros países de la Europa occidental.

El adjetivo de Obrero realmente nunca tuvo demasiada importancia, tal como ocurre en la mayoría de los partidos de este tipo, en los que el obrerismo es simplemente un tipo de retórica populista que no se corresponde con la extracción de sus líderes ni con sus políticas cuando están en el poder. Aunque hay que reconocer que esto es algo común a los demás partidos socialistas europeos que han existido en nuestro continente en el último siglo: nadie diría que el partido socialista -o socialdemócrata alemán- o el francés o el italiano, son partidos de la clase obrera. Y creo que nadie con una cierta dosis de objetividad podría decirlo tampoco del partido socialista en nuestro país. Posiblemente ello no solo haya sido culpa de este tipo de organizaciones políticas, sino también de la ausencia de ideas propias que defender, lo que los ha llevado a apropiarse de forma acrítica de los postulados feministas y ecologistas, entre otros. Y también porque es difícil dirigirse a una clase obrera que, si nos atenemos a los esquemas del primer tercio del siglo XX, ya no existe, sino que, por el contrario, la mayoría de la población de las sociedades occidentales se ha aburguesado, en el sentido más extenso del término.

La desaparición de la tercera de las adscripciones del PSOE es la que provoca una mayor perplejidad, puesto que, para muchísimos españoles, incluyendo entre ellos a muchos que se autodefinen como de izquierdas, este partido ha dejado de ser Español. Y ello es verdaderamente sorprendente, puesto que un partido que aspira a gobernar España está actuando metódicamente para destruir la nación que debería gobernar.

Volver a los particularismos medievales no sólo es negar los cinco últimos siglos de Historia de España, incluyendo la España liberal de las dos centurias precedentes, sino que rompe algunos de los principios básicos que rigen los sistemas políticos occidentales, como son, entre otros, la idea de la soberanía nacional o el principio de la igualdad entre sus habitantes. Es algo verdaderamente inaudito en pleno siglo XXI.

Es cierto que la ignorancia de la propia Historia de España que padecen muchos de nuestros ciudadanos, gracias a un sistema educativo progresista que ha idiotizado a muchos, y la manipulación de algunos medios de comunicación que ya han sacado a pasear conceptos como federalismo o, yendo más allá, confederalismo, llevarán a algunos a asumir este nuevo cantonalismo. Pero la inmensa mayoría de la población es poco probable que acepte resignadamente que le roben su bienestar y su futuro.

Es cierto también que los grandes grupos de comunicación españoles son en parte propiedad de extranjeros a los cuales les importa más la cuenta de resultados que el futuro de España como nación. Sí, todo ello es cierto; como también es real la ausencia en algunos medios de una verdadera e independiente política de información. Se puede discutir sobre ello y se pueden analizar los matices. Estoy seguro de que a lo mejor la situación en estos aspectos no es tan grave; o a lo mejor es aún peor. Pero también estoy seguro de que la gente es bastante más inteligente de lo que piensan nuestros gobernantes, y nunca van a admitir que las ruedas de molino sean en realidad blancas y necesarias aspirinas para nuestros males políticos.

Esto es tan evidente, que algunos políticos socialistas, pocos, están señalando ya el peligro de que su partido sufra una verdadera hecatombe en las próximas elecciones. En realidad, el proceso de decadencia del PSOE viene de lejos y se ha ido agudizando con los años. Políticos como Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez son sobre todo un síntoma del proceso de descomposición del partido, tal como han visto claramente otros socialistas ahora marginados, como Nicolás Redondo, Felipe González o el propio Alfonso Guerra, por poner sólo algunos ejemplos.

En este sentido, en estos últimos tiempos es clarificador cómo son ya pocos los que se definen públicamente como progresistas. E igualmente se está dando también una deserción entre la gente común de antiguos socialistas que ahora se definen como asqueados de la política o que en otros casos han pasado a militar activamente en partidos de derechas, algo que yo he visto en varios antiguos alumnos que ahora superan los cuarenta años y que han cambiado su adscripción política después de un verdadero proceso de autocrítica.

Nada que ver, por tanto, con esa España de izquierdas que estaba en plena ebullición en los años ochenta y primeros años de los noventa. La desaparición biológica por su edad de una parte de la población que ha seguido votando al PSOE a pesar de todo, parece que no se compensará con la aparición en la escena política de las nuevas generaciones. Seguro que algunos malpensados dirán que eso explica las ideas lanzadas desde determinados ámbitos de la izquierda pidiendo que se rebaje la edad para votar a los dieciséis años o se dé el derecho de voto en las generales directamente a los inmigrantes, como una forma de captar nuevos votos que palíen esas pérdidas.

Para algunos, incluso, esa mutación del PSOE ha supuesto también la desaparición de su condición de partido para convertirse en otro tipo de organización. El que el Tribunal Constitucional, con mayoría de miembros progresistas, gracias al acuerdo alcanzado por el Partido Popular, en la época del señor Casado, no lo olvidemos, haya blanqueado, por decirlo con la corrección política al uso, a los condenados por los ERE en Andalucía, donde quedó demostrado el uso del dinero público, el destinado a los trabajadores en paro en la región, en prostíbulos o en la compra de cocaína, según determinaron los jueces, no deja de ser para algunas personas una prueba más de que ya no se trata de un verdadero partido político según los estándares europeos: hay que recordar que Benito Craxi, el político socialista italiano y primer ministro del país entre 1983 y 1987, implicado en una trama de corrupción, tuvo que huir a Túnez donde murió unos años más tarde, sin poder regresar a Italia; un verdadero aviso a navegantes.

Pero, sobre todo, la desaparición del partido como tal queda de manifiesto en la ausencia de actividad de sus órganos internos y la falta de voz en la política del partido que sufren sus militantes, tal como se deduce de la actuación del PSOE en los últimos años. Ambos casos son prueba evidente de que no existiría ya un verdadero partido político como manifestación organizada de las ideas políticas de un sector de la población, sino que estaríamos ante una simple organización al servicio del grupo que la dirige, el cual actúa al margen de cualquier control de las bases y sin tener en cuenta otras consideraciones que sus propios intereses personales.

Ello no evita, sin embargo, que la responsabilidad por las políticas llevadas a cabo desde los gobiernos que presiden corresponda a ambos: a los cuadros dirigentes y a las bases, con su silencio y con su permanencia en esa organización.

Es por ello que Puigdemont, y su teatralizada política, y el resto de políticos secesionistas que han hecho del chantaje separatista un modo de vida son simplemente una anécdota más del esperpento político que estamos padeciendo. Pero esto no es lo más importante, puesto que ellos y sus políticas no representan a casi nadie, aunque pueda parecer lo contrario. Sus votos lo único que reflejan es el intento de algunos de alcanzar privilegios que les permitan vivir mejor que sus vecinos, una situación que tiene poco recorrido: es más probable que todo se vaya al carajo antes de que se establezca una situación en la que unos vivan con privilegios a costa del trabajo manso y resignado del resto. Y ni siquiera recogiendo una tercera singularidad regional en la Constitución que asigne privilegios a una nueva región esta se va, en mi opinión, a poder mantener.

Si algo bueno han tenido los últimos acontecimientos sobre los propuestos privilegios económicos a Cataluña que defienden los socialistas es que son cada vez más los españoles que se preguntan simplemente por qué se mantienen en estos momentos los privilegios en algunas otras regiones como Navarra o las provincias vascas. ¿Es que la singularidad es sinónimo de privilegios económicos? Porque si eso es así, quién puede negar que cada una de las regiones españolas es singular y, si todos somos singulares y por tanto susceptibles de poseer también una singularidad económica, ¿dónde queda la igualdad entre los españoles?

El problema de la existencia de determinados políticos es que terminan por ser tan peligrosos como ignorantes, y eso en Historia nunca se perdona. Por eso, cuando un partido político ha evolucionado hacia la nada, aunque su sombra continúe siendo todavía alargada, solo le quedan dos opciones: o desaparece o sufre una profunda catarsis que le permita resurgir como un nuevo ente y, en este caso, ejercer sus antiguas y olvidadas funciones con la humildad que corresponde al que ha reconocido su error.

Como decían los clásicos: sapere aude.

 

martes, 20 de agosto de 2024

Divisiones territoriales durante la Edad Contemporánea. El siglo XIX Proyectos y divisiones territoriales del primer liberalismo (I)

 

A comienzos del siglo XIX la necesidad de racionalizar el sistema territorial en España era tan evidente que durante la Guerra de Independencia tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz abordaron el problema, si bien desde perspectivas diferentes.

LA DIVISIÓN DE JOSÉ BONAPARTE

El gobierno de José I Bonaparte responde a las características del resto de los estados vasallos de Francia: constituciones políticas moderadas y supeditación de las autoridades españolas a los intereses de Francia, pese a que, en nuestro caso, José I intentará que la política española no quedara supeditada a la francesa, aunque sin conseguirlo. Además, el reinado de José I no tuvo la eficacia reformista que el mismo rey y los pocos españoles que le apoyaron deseaban. Una guerra que no se terminaba nunca, los traslados de la corte fuera de Madrid para regresar de nuevo a las pocas semanas y la insuficiencia de la Hacienda para financiar estas reformas, además de la intromisión política de Napoleón y sus mariscales, hicieron inútiles los esfuerzos de reforma.

En cuanto a sus planes territoriales, José Bonaparte, aplicando el patrón francés, creó por R. D. de 17 de abril de 1810 una nueva organización administrativa y territorial, calcada del modelo departamental francés, eliminando así las Provincias y divisiones del Antiguo Régimen:

§      38 Prefecturas

§      111 Subprefecturas.

Sin embargo, esta nueva división apenas fue operativa, ya que:

·        Por una parte, el Gobierno josefino apenas controlaba una pequeña porción del territorio español.

·   Por otro lado, el propio Napoleón, al margen de su hermano José, decretó la creación de Administraciones especiales en:

Burgos                        Aragón                       Navarra

Vizcaya                      Guipúzcoa                  Cataluña

y, de forma conjunta en Palencia, Valladolid y Toro.

El rey José, no obstante, intentó llegar a un acuerdo con el Emperador para que éste mantuviera la unidad territorial y aceptara un mando militar conjunto supeditado a él. Napoleón, por el contrario, planeó la incorporación a Francia de todos los territorios españoles al norte del Ebro y poco después llevó en parte a cabo sus planes con la publicación del Decreto de 26 de enero de 1812, dividiendo a Cataluña en cuatro Departamentos que se anexionaban al Imperio Francés.

Además, ya desde 1812, con el inicio de la ofensiva hispano-británica desde Portugal, los problemas europeos de Napoleón y la crisis de subsistencias en la península, reducen a la administración de José I a la lucha por la pura supervivencia. Por ello, cuando el 12 de febrero de 1812 Napoleón asigna el mando militar en Jourdan, Jefe del Estado Mayor de José I, ya es demasiado tarde para enderezar la situación militar a favor de los franceses.

Por otro lado, el reinado de José I no tuvo la eficacia reformista que el mismo rey y los pocos españoles que le apoyaron deseaban. Una guerra que no se terminaba nunca, los traslados de la Corte fuera de Madrid para regresar de nuevo a las pocas semanas y la insuficiencia de la Hacienda para financiar estas reformas, además de la intromisión política de Napoleón y sus mariscales, hicieron inútiles los esfuerzos de reforma.

LA DIVISIÓN GADITANA

Las Cortes de Cádiz, mientras tanto, encargaron también estudios con el objeto de crear una nueva división político-administrativa que hiciese efectivos los principios de la Constitución de 1812. Ésta, en su art. 11, planteaba la necesidad de hacer “una división más conveniente del territorio español”, lo que debía llevarse a cabo cuando la situación de guerra lo permitiese.

Así, las Cortes decretaron la supresión de los antiguos reinos, provincias e intendencias en que se dividía España y se hablaba de la creación de unas nuevas Provincias, que serían dirigidas por un Jefe Político, el futuro Gobernador Civil, y administradas por una Diputación Provincial. En cada Provincia habría también una Audiencia judicial y una Delegación de Hacienda.

Todo el territorio nacional quedaba regularizado y racionalizado bajo un esquema casi cartesiano, imitando a los Departamentos franceses. Esta uniformización territorial implicaba, además, la centralización política y administrativa. De esta forma, los diputados reunidos en Cádiz dejaron tibio el centralismo borbónico con estos planteamientos uniformistas y centralizadores al suprimir radicalmente las diversidades regionales y quedar todo sometido a un patrón único, dirigido desde la capital del reino: Madrid.

Las Cortes no llegaron, sin embargo, a precisar los límites de las nuevas provincias, habiendo dos posturas sobre cómo plasmar dicha división:

·        Los diputados más conservadores defendían una división territorial en la que hubiera pocas provincias, que fueran grandes (como los antiguos reinos) y que estuvieran basadas en criterios humanos e históricos (lenguas o dialectos, tradiciones, etc.).

·        Los diputados liberales más jacobinos propugnaban que fueran muchas, de extensión similar y formas regulares, basadas en criterios geográficos (cuencas de ríos, cadenas montañosas, comarcas naturales...), al estilo de los Departamentos franceses: es el que triunfó.

En junio de 1813 se comenzó la tarea, que la Regencia encomendó a Felipe Bouza, quien, en 1807, al incorporarse a la Real Academia de la Historia, había señalado que se encontraba trabajando en una Carta Geográfica de España. La celeridad de Bauza fue desacostumbrada en este tipo de proyectos, pues en septiembre de ese año presentaba su proyecto de división política, que tenía un carácter reformista, no revolucionario, pues tiene en cuenta la tradición histórica, pero a la vez buscaba una mayor racionalidad.

Esta división establecía tres tipos jerárquicos de Provincias:

·        Provincias de Primera: son 10, denominadas así por el volumen de su riqueza y población:

Galicia            León               Vascongadas o Álava

Aragón            Valencia          Cataluña

Toledo            Extremadura   Granada

Sevilla

·        Provincias de Segunda: el resto, 18 provincias.

Santander       Asturias          Navarra           Soria

Salamanca       Valladolid       Segovia           Burgos

Cuenca            Mancha           Murcia            Madrid

Cádiz              Málaga            Córdoba          Jaén

Islas Baleares              Islas Canarias

·        Provincias de Tercera: son 16 y tienen la categoría de provincias subalternas, estando situadas dentro de las de primera clase.

Las diferencias y cambios del proyecto de Bouza frente a la división política territorial existente hasta esos momentos, la heredada del siglo XVIII, son las siguientes (Mapas I, ap. 5; I, ap. 8; I, ap. 9; y I, ap. 10):

1.      Se utilizan los accidentes geográficos para determinar los límites de las nuevas provincias, mientras que la división política anterior se basaba en la tradición histórica, y la división económica de 1805 utilizaba los límites de los términos municipales.

2.      Bauza realiza la división en función de la extensión, riqueza y población que deben tener las provincias, mientras que la división económica previa estaba en función de la mínima distancia de los pueblos a las capitales de provincia y de partido, con objeto de facilitarles mayor comodidad en el pago de impuestos.

3.      Realiza una clasificación jerárquica de provincias que no existía con anterioridad.

Bouza adjuntó al proyecto un mapa que tomaba como base los mapas de Tomás López. Su proyecto, aceptado en septiembre de 1813 por Miguel Lastraría, sufrió una serie de modificaciones antes de entrar en discusión en Cortes:

·        Se eliminó la división jerárquica de las provincias.

·        Consideración de las provincias de Tercera de Cataluña, Galicia y Valencia como provincias independientes.

·        No se aceptó la división de Aragón en tres provincias subdelegadas, sino en dos principales:

·        Aragón Cisíbero o Zaragoza: admite la subdivisión subalterna de Teruel.

·        Aragón Transíbero o Huesca.

·        No se admite la división del territorio vasco en tres subdelegaciones, sino que pasa a ser una única provincia con capital en Vitoria.

En total son 42 provincias, incluyendo las divisiones subalternas:

            Santiago          Málaga            Vizcaya           Segovia

Aragón Transíbero (Huesca)                          Tarragona

Aragón Cisíbero: Gob. Sup.: Zaragoza. Gob. Sub.: Teruel

Sevilla: Gob. Sup.: Sevilla. Gob. Sub.: Écija

Extremadura: Gob. Sup: Badajoz o Mérida. Gob. Sub: Plasencia o

Cáceres

Asturias          Jaén                 Navarra           Soria               

León: Gob. Sup.: León. Gob. Sub.: Astorga.

Cádiz              Alicante          Canarias          Segorbe

Toledo: Gob. Sup.: Toledo. Gob. Sub.: Talavera.

Orense            Santander       Córdoba          Lugo                          

 Baleares: Gob. Sup.: Mallorca. Gob. Sub.: Menorca

Barcelona        La Mancha      Cuenca            Valencia                    

 Granada: Gob. Sup.: Granada. Gob. Sub.: Guadix

Salamanca       Murcia             Burgos            Tuy                            

Valladolid       Burgos            Urgel

En realidad, este proyecto de división provincial tan sólo existió sobre el papel, lo mismo que las Prefecturas creadas tres años antes por José I, porque Fernando VII, al abolir en 1814 la Constitución de Cádiz, dejó sin efecto esta división provincial, volviéndose al esquema político y administrativo del Antiguo Régimen: división de 1799-1805.